Tras la moratoria concursal del 2019, la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, Ley 16/2022, la presión inflacionista, precios de la energía y dificultades de accesos a la financiación, se prevé que en el año 2023 se alcancen niveles históricos de concursos de acreedores.
Micro y pequeñas empresas, especialmente aquellas con responsabilidad limitada, corren un mayor riesgo de declararse en concurso. Hasta ahora el 40% de las empresas en concurso tienen un volumen de negocio inferior a 250.000 €. Y los sectores más afectados son el comercio, la construcción y las actividades inmobiliarias.
En relación con la Responsabilidad de Administradores (D&O), la rapidez del nuevo modelo concursal beneficia a los administradores, pero también aumente el riesgo de reclamaciones. Ya que en caso de que el concurso sea calificado como culpable, los administradores podrían ser condenados a cubrir total o parcialmente el déficit patrimonial de la empresa, poniendo en grave
riesgo su patrimonio personal y familiar.
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